La inversión en infraestructura y servicios públicos representa uno de los grandes retos que enfrentan los países de América Latina y el Caribe. Estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indican que, durante las décadas anteriores, la inversión en infraestructura pública representaba alrededor de 5% del Producto Interno Bruto de la región. En la actualidad, dicha inversión representa menos del 3% anual.

Debido a las necesidades crecientes de la población y a las restricciones presupuestales que enfrentan los gobiernos nacionales y subnacionales, emergen las Asociaciones Público-Privadas (APP), como un mecanismo alternativo de desarrollo y financiamiento para incrementar los niveles de inversión pública y proporcionar servicios de calidad a la población.

La consolidación de este mecanismo enfrenta retos importantes sobre todo a nivel de los gobiernos subnacionales, pues la falta de conocimiento, experiencia y de unidades APP, merma la capacidad de identificar, estructurar y licitar proyectos, además de supervisarlos cuando están en las fases de construcción y operación. Para la sector privado representa una gran oportunidad para diversificar sus portafolios de inversión al incursionar en nuevos sectores de desarrollo.

Por tal motivo, resulta relevante continuar con la promoción de estos esquemas de inversión pues abre posibilidades tanto al sector público y privado en el desarrollo de infraestructura pública productiva.

 

Luis Mayorga Muñiz – Socio de Auren México

Oficina León, Guanajuato.