La inversión en infraestructura representa uno de los grandes retos que enfrentan los países de América Latina y el Caribe. Estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indican que mientras en los años ochenta la inversión en infraestructura se encontraba entre 4% y 5% del Producto Interno Bruto de la región, en la actualidad dicha inversión representa tan sólo el dos por ciento del PIB regional. En este sentido, la Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL) identifica déficits de infraestructura en cuatro sectores críticos para la prosperidad regional: energía, agua y saneamiento, seguridad y comunicaciones.
Para revertir el rezago en infraestructura y acotar la brecha entre la oferta y la demanda en este sector, el BID estima que América Latina y el Caribe necesitan invertir entre 6% y 7% del PIB por un periodo de al menos diez años consecutivos. Es una meta elevada considerando las restricciones presupuestales a las que se enfrentan los gobiernos nacionales y subnacionales, aunado a la creciente demanda de servicios y bienes públicos en otras áreas prioritarias.
En este contexto emergen las Asociaciones Público Privadas (APP), un mecanismo alternativo de desarrollo de infraestructura que permite evitar el endeudamiento público, proveer infraestructura y proporcionar servicios públicos de calidad a la población. Las APP presentan las siguientes ventajas respecto a los mecanismos tradicionales para la provisión de servicios públicos:
En el ámbito de las Asociaciones Público Privadas, México es uno de los países de América Latina que mayor actividad presentan. Según el Programa para el Impulso de Asociaciones Público-Privadas en Estados Mexicanos (PIAPPEM), actualmente existen más de 20 APP subnacionales y 29 APP a nivel federal. Un marco jurídico sólido que brinda certeza legal en torno a la implementación de las APP en todos los niveles de gobierno, así como un creciente interés del Sector Privado en la provisión de infraestructura y servicios públicos, han hecho de este esquema de participación una alternativa óptima para la reducción de la brecha entre la demanda y la oferta de servicios públicos en materia de salud, energía, seguridad y comunicaciones.
Por otra parte, la consolidación e implementación constante de este esquema enfrenta aún retos importantes sobre todo a nivel de los gobiernos estatales y municipales. Una de las limitantes se debe al hecho de que gran parte de las entidades federativas en México carecen en su estructura gubernamental de unidades de APP, lo que merma su capacidad de identificar, estructurar y licitar proyectos, además de supervisarlos cuando están en las fases de construcción y operación. De igual forma, la experiencia y capacidad de los funcionarios públicos a nivel estatal y municipal es limitada; una significativa rotación del personal dentro de los gobiernos subnacionales demerita la consolidación de personal calificado.
En términos generales, la experiencia mexicana y latinoamericana en lo que se refiere a la adopción de las Asociaciones Público Privadas ha sido positiva; cada día se torna más compleja, dinámica, más descentralizada y con participación diversa. Por tal motivo, resulta relevante continuar por el camino de la promoción y comunicación de esta modalidad de inversión que incluye al Sector Público y Privado en la construcción de infraestructura pública y social de calidad.
En Auren contamos con una amplia experiencia en la estructuración, asesoramiento e implementación de distintos esquemas de Asociación Público Privadas. Hemos trabajado conjuntamente con distintas instancias gubernamentales en la implementación de proyectos de infraestructura tanto a nivel municipal, estatal y federal.
Luis Angel Pérez Gómez
Evaluación y Finanzas de Proyectos de Inversión
Oficina Auren Bajío