Diversos indicadores (exportaciones, demanda interna, empleo) apuntan a una ralentización de la economía española, alimentando el riesgo de un cambio de ciclo. Todo ello se produce además en un contexto de incertidumbre y preocupación por la evolución de la situación política de nuestro país.
Si miramos fuera, los países europeos de nuestro entorno muestran crecimientos mucho más débiles que el nuestro (o incluso decrecen como el caso de Alemania en el 2T de 2019) y otros factores cuya repercusión excede del ámbito estrictamente europeo tampoco ayudan (tensiones comerciales entre USA y China, reciente inestabilidad de varios países latinoamericanos como Argentina, Chile o Bolivia, incertidumbre generada por el Brexit, etc.).
Evidentemente, determinados sectores sufren más que otros, pudiendo destacarse situaciones como la del comercio minorista, las actividades de intermediación o sectores tradicionalmente vinculados al mundo “papel”, que se ven más afectados por el auge del comercio electrónico y la creciente digitalización de la sociedad.
Puede decirse también que -superada ya la gran crisis- nuestro tejido empresarial sigue excesivamente endeudado y que en muchos casos no se han hecho suficientemente los deberes en lo relativo a la reordenación de la estructura de capital de las compañías (inyección de capital) o las necesarias desinversiones de activos. Muchas compañías que refinanciaron su deuda se ven abocadas ahora a nuevos procesos de refinanciación al finalizar los períodos de carencia negociados o al incrementarse el servicio de la deuda en virtud de los calendarios de amortización crecientes que fueron pactados con las entidades financieras.
Las entidades por su parte se han visto obligadas a implementar normativas europeas más exigentes que les fuerzan a provisionar de una forma más homogénea y contundente los préstamos de mayor riesgo, lo que dificulta (que no imposibilita) la refinanciación de estas operaciones, especialmente cuando se ha llegado a un deterioro grande de la situación financiera de las compañías (p. ej. cuando ya hay impagos).
En base a todo lo anterior, procede llamar la atención a las empresas y a sus responsables sobre el riesgo al que -quizás de forma inadvertida- se están exponiendo cuando opera en ellas el binomio “compañía demasiado endeudada” y “ralentización económica”. Si además de lo anterior, el endeudamiento de la compañía se basa en buena medida en operaciones a corto plazo (pólizas de crédito, préstamos a corto plazo, financiación de circulante), el riesgo mencionado se ve notablemente incrementado.
Tanto si las compañías deciden actuar sobre este tipo de riesgo de forma meditada y con cierta antelación como si -especialmente en este caso- se ven en la imperiosa necesidad de hacerlo porque no son capaces de atender puntualmente el servicio de la deuda contraída, lo que procede -en nuestro criterio- es acometer un proceso de reestructuración / refinanciación global de la deuda.
Esto implica abordar simultáneamente a todas las entidades, evitando el ir “saltando vallas, una tras otra”, dado que esa es la forma en la que se soluciona de verdad la situación global de la compañía (el objetivo que se persigue) y se evitan agravios comparativos y heterogeneidad en las posiciones de las entidades. Este tipo de estrategia de “salto de vallas” complica mucho la consecución de un acuerdo y en no pocos casos acaba abocando a las compañías al concurso de acreedores.
En este sentido, las modificaciones en la normativa concursal han facilitado este tipo de procesos “globales” al haber habilitado mecanismos de homologación, que fuerzan a las entidades a adherirse a los acuerdos de refinanciación, una vez se ha obtenido el acuerdo con la mayoría (entre un 60% y un 80% de la deuda en función de la tipología de la deuda y de la dureza del acuerdo para las entidades).
Las refinanciaciones son procesos complejos, con una duración de ~6 meses, en los que el objetivo primordial consiste en reducir el servicio de la deuda, logrando carencias o ampliando plazos de vencimiento, con el objetivo de dar oxígeno a la situación de tesorería de las compañías. Para ello y en reciprocidad, será necesario aportar garantías a las entidades o realizar un esfuerzo en cuanto a reducción de costes (reestructuración operativa) o inyección de capital por parte de los socios, entre otros.
El prerrequisito para que estas operaciones salgan adelante es que las compañías sean viables a largo plazo, lo que debe acreditarse mediante un plan de negocio riguroso y unas proyecciones económico-financieras soportadas.
Al tratarse de procesos largos y teniendo en cuenta la premura de tiempo que la normativa concursal impone, cuanto antes se inicien mayor será la probabilidad de éxito y mejor debería ser el acuerdo final con las entidades financieras.
Para ejecutar una refinanciación de forma exitosa es muy conveniente la participación -del lado de la empresa- de un asesor financiero cuya aportación reside, entre otros, en:
Auren Corporate cuenta con gran experiencia en este tipo de procesos, habiendo cerrado con éxito cerca de 50 operaciones de refinanciación de deuda.
Sergio Cerdán García, socio de Auren Corporate