La reciente entrada en vigor de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre en materia de información no financiera y diversidad ha supuesto un auténtico reto para un buen número de empresas del sector turístico.

La obligación de elaborar y registrar un estado de información no financiera es, por una parte, muy exigente en cuanto a su alcance. Recordemos que, para las empresas incluidas en los parámetros de facturación, número de empleados y balance que recoge el cambio normativo, el reporte debe contener información relativa al modelo de negocio, políticas y riesgos de la empresa, cuestiones medioambientales, aspectos sociales y relacionados con el personal, respeto a los Derechos Humanos, lucha contra la corrupción y el soborno y compromisos con la Sociedad en distintos ámbitos.

Por otro lado, no se ha producido aun el desarrollo reglamentario que concrete de manera precisa cómo reportar específicamente sobre estas materias. La ley simplemente remite a numerosos estándares de referencia nacionales e internacionales en los que inspirarse para elaborar el informe, lo cual ha generado no pocas incertidumbres.

Ante esta situación las empresas turísticas se enfrentan, además, a importantes dificultades específicas del sector:

• Habitualmente son empresas con actividades muy intensivas en mano de obra estacional e impacto en múltiples aspectos ambientales, lo cual genera un ingente volumen de datos
• En general son aun pocas las empresas del sector con tradición de reporte no financiero y, cuando es el caso, suelen informar de manera parcial, con un enfoque limitado a aspectos medioambientales o de RSC
• En consecuencia, no siempre están desarrollados u optimizados los necesarios sistemas de información para centralizar la recogida y análisis de datos de los respectivos indicadores. Incluso en organizaciones de gran tamaño muchos de los procesos necesarios para el reporte se hacen de manera manual con los consiguientes costes y riesgos
• Además, suele tratarse de empresas muy distribuidas geográficamente a nivel mundial, lo cual dificulta la tarea de medir y reportar con unidad de criterio y homogéneamente
• A diferencia de lo que ocurre con la información financiera, a nivel organizacional no siempre se cuenta en las empresas turísticas con áreas de responsabilidad claramente definidas para cubrir estas necesidades de reporte
• Poner en valor la sostenibilidad como compromiso del sector turístico con la sociedad además de como atributo diferenciador del modelo de negocio de la empresa
• Alinear las políticas y estrategias de la empresa con valores de responsabilidad
• Disponer de datos medibles y verificados sobre los que poder mejorar
• Comunicar resultados de manera transparente y responsable
• Propagar en las empresas del sector turístico y en sus cadenas de valor compromisos reales y mesurables con la sostenibilidad y la responsabilidad

Adicionalmente, si bien la transposición de la Directiva europea que dio lugar a esta ley se podía prever con antelación, su aplicación ya para el ejercicio cerrado de 2018 ha suscitado no pocas críticas en el sector. A pesar de todo ello, muchos de nuestros clientes nos han trasladado también una visión positiva de este cambio normativo en que España ha sido pionera a nivel global.

En efecto, muchos lo perciben como una oportunidad real para acelerar un proceso que de otra forma se hubiera implantado con mayor lentitud y que, entre otros objetivos, debe favorecer:

Sin duda se conseguirán logros interesantes. En la medida en que se avance rápidamente en esta dirección, estas empresas servirán de marco de referencia para otras más pequeñas que se irán incorporando a la sistemática de reporte no financiero, bien de manera voluntaria o porque en breve  la obligación legal alcanzará también a empresas a partir de 250 trabajadores.

Antonio Viader Farré, Consultoría de Negocio, Innovación y Turismo Auren