La divulgación de información relacionada con la responsabilidad social corporativa (RSC) de las organizaciones contribuye, entre otras cosas, a aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general. Estas prácticas de comunicación de RSC son cada vez más utilizadas por las grandes compañías, sin embargo, en un intento de mejorar la coherencia y la comparabilidad de esta información no financiera, se ha publicado recientemente en el Boletín Oficial de Estado la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoria de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.
La aprobación de esta Ley supone que determinadas empresas deberán preparar un estado de información no financiera que contenga la información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación de la organización, y el impacto de su actividad respecto, al menos, a cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, así como relativas al personal, incluidas las medidas que, en su caso, se hayan adoptado para favorecer el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, la no discriminación e inclusión de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal.
El ámbito de aplicación de los requisitos sobre divulgación de información no financiera se extiende a aquellas sociedades en las que concurran los siguientes requisitos: (1) que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 500; y (2) que tengan, o bien, la consideración de entidades de interés público de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas, o bien, que durante dos años consecutivos, reúnan a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:
Sin embargo, transcurridos tres años de la entrada en vigor de esta Ley, la obligación de presentar el estado de información no financiera se extenderá a todas aquellas sociedades con más de 250 trabajadores que: (1) o bien tengan la consideración de entidades de interés público de conformidad con la legislación de auditoria de cuentas (exceptuando aquellas calificadas como pequeña y mediana empresa); o bien, (2) durante dos años consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos una de las circunstancias siguientes:
La Ley 11/2018 detalla pormenorizadamente el contenido del estado de información no financiera a divulgar, pudiendo destacarse los siguientes aspectos:
La obligación de incluir la información no financiera mencionada anteriormente se considerará cumplida si la sociedad la incorpora al informe de gestión.
En lo relativo a la forma de aprobación, verificación y publicación, la Ley establece los siguientes requisitos a destacar:
Auren tiene una amplia experiencia en proyectos relacionados con esta materia en diferentes organizaciones, habiendo desarrollado modelos EFQM, planes para la gestión del agua, sistemas de gestión ambiental, estrategias de cambio climático, memorias EMAS o informes preliminares de suelos contaminados, entre otros. De este modo, la firma se posiciona como empresa líder en el mercado a la hora de prestar los servicios de Formulación y Verificación del estado de infomación no financiera. El factor de éxito y diferenciador de Auren radica en la multidisciplinareidad de su equipo, formado por grandes profesionales de diferentes áreas (ingenieros, sociólogos, ambientólogos, expertos en recursos humanos, químicos, psicólogos, biológos, etc.).
Margarita Nuche, Consultora Sostenibilidad de Auren