El pasado 20 de mayo se aprobó la ley de cambio climático y de transición energética, una ley cuyo objetivo es asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, facilitar la descarbonización de la economía española y promover la adaptación a los impactos del cambio climático. Esta nueva ley se desarrolla en torno a tres aspectos: la reducción de gases de efecto invernadero, las energías renovables y la eficiencia energética, y sus metas se marcan, principalmente, para 2030 y 2050, aunque las medidas se irán introduciendo progresivamente.
Para el año 2030 se pretende que el 74% de la generación del sistema eléctrico sea de origen renovable. Es cierto que ya estábamos en el camino. En 2020, el 43,6% del mix energético tuvo este origen, el mayor alcanzado desde que se tienen registros. Sin embargo, aún queda camino, ya que la evolución en los últimos cinco años ha sido pequeña.
El aumento de la generación a partir de fuentes renovables tendrá un papel especialmente importante en el objetivo de reducir la dependencia energética.
Sobre la eficiencia energética, el objetivo es mejorar la eficiencia disminuyendo el consumo de energía primaria en un 39,5% con respecto a la línea de base de la normativa comunitaria en 2030. Es decir, mejorar en un 3,5% anual la intensidad energética primaria de la economía española.
Para entender este objetivo hay que ir años atrás y conocer cómo se ha consumido en España.
El consumo de energía primaria ha aumentado notablemente desde la década de los 60. Aunque en los últimos años se ha estabilizado, todavía queda un largo camino por recorrer.
En el sector de la edificación se va a promover el uso eficiente de la energía, la gestión de la demanda y el uso de energía procedente de fuentes renovables. También se impulsarán las renovaciones y rehabilitaciones de edificios para poder alcanzar estos objetivos de alta eficiencia, aunque no solo se realizan estos incentivos en el ámbito de la edificación, sino que también destacan las medidas relacionadas con la movilidad y con la idea de alcanzar un parque de vehículos sin emisiones directas de CO2.
Para conseguirlo, en 2030 se establecerá un objetivo de número de vehículos matriculados con nulas o bajas emisiones directas de CO2 (vehículos eléctricos, híbridos, etc). También se adoptarán planes de movilidad urbana sostenible y se instalarán puntos de recarga eléctrica por todo el territorio. Además, los edificios de nueva construcción y a los que se les realice una intervención que cuenten una zona de aparcamiento con más de veinte plazas deberán instalar puntos de recarga eléctrica.
En cuanto a la aviación civil, las empresas sujetas a la supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (compañías aéreas, gestores de aeropuertos) deberán realizar auditorías energéticas operacionales para identificar oportunidades de mejora en este aspecto.
En el sector público, más concretamente en las licitaciones de redacción de proyectos, de contratos de obra o concesión de obra, se incluirán criterios de adjudicación relacionados con la eficiencia energética (máxima calificación energética, ahorro y eficiencia, energías renovables, etc.). Además, se presentará un plan con el objetivo de que los centros que pertenecen a la Administración General del Estado reduzcan su consumo energético en el 2030 mediante la aplicación de medidas de ahorro y eficiencia energética, las conocidas como MAES.
También se promoverá la eficiencia energética desde las bases, es decir, la educación. Incluyendo estos elementos en los planes de estudios y asegurando la formación del profesorado en este ámbito. Y para la ciudadanía en general, se llevarán a cabo campañas de sensibilización y concienciación.
Por otro lado, se pretende fomentar la investigación impulsando el uso de las instalaciones de ensayo disponibles.
Respecto a la parte económica se estima que como consecuencia de movilizar esta inversión y como resultado de las mejoras de eficiencia energética en el conjunto de la economía, el Producto Interior Bruto de España se incrementará anualmente entre 16.500 y 25.700 millones de euros al año.
Esta nueva ley involucra a varios sectores, por lo que habrá que estar atentos en los próximos meses para conocer los diferentes Planes que tiene pendiente elaborar el Gobierno al respecto y ver cuál será la hoja de ruta definitiva para llevarlos a cabo.
María Jiménez del Moral, consultora en Auren Consultores.