En medio de la crisis por la pandemia, el Gobierno decidió que la AFIP les dará a los declarados en quiebra una última oportunidad de mantener la continuidad de la empresa, con el acuerdo para meter las deudas impositivas en la moratoria a 10 años y con quita de intereses y sanciones.

Gabriel Hermida, socio de Impuestos de Auren, consideró que la moratoria debería ser más amplia y “dejar que entre todo el mundo”, en lugar de excluir a los fallidos que no sean aceptados por el juez y la AFIP, así como a los condenados por delitos tributarios y aduaneros, o por delitos dolosos en cuestiones aduaneros, o por ser personas jurídicas cuyos directores tienen ese tipo de condenas.

Hermida también denostó que el proyecto de moratoria no haya incluido taxativamente al IVA trimestral que pagan las pymes.

De todos modos, Hermida calificó de “positivo” que el Gobierno se reserva en el proyecto una “bala de plata”, que consiste en la autorización legislativa para poder incluir deudas posteriores al 30 de junio por decreto simple. El especialista consideró que la crisis  sanitaria “va a seguir, por lo que se va a requerir”.

“El proyecto va a tener cambios en el Congreso, porque las presiones serán muy fuertes”, adelantó el tributarista de Auren.

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