En la Argentina, las distorsiones cambiarias terminan impactando en las más diversas aristas. Pero una de las más afectadas es la fiscal. En 2020, la brecha entre los tipos de cambio generó comportamientos especulativos (sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones), lo que llevó a que la AFIP pusiera el foco en los precios de transferencia.

Los controles de los movimientos de divisas de las grandes empresas son una herramienta que la AFIP utiliza para evitar la erosión de la base imponible, es decir, la evasión fiscal. Ayer por la tarde, el organismo recaudador confirmó que acordó con el Internal Revenue Services (IRS), el fisco de Estados Unidos, intercambiar información sobre las multinacionales estadounidenses.

Según informó la AFIP, el acuerdo garantiza que la autoridad argentina «reciba datos estratégicos sobre cómo operan las grandes empresas para hacer análisis de riesgo y evitar maniobras abusivas en materia de precios de transferencia (operaciones intrafirma)», es decir, subfacturación o sobrefacturación de estas operaciones.

Los informes que recibirá la Argentina consisten en una declaración anual de los grupos multinacionales estadounidenses que operan en el país y tienen ingresos anuales a nivel global superiores a los 750 millones de euros.

Esta medida no está destinada a las empresas argentinas que poseen domicilio en Estados Unidos (Delaware es un estado muy atractivo para algunas firmas por su baja tributación), sino a las multinacionales estadounidenses con sede en la Argentina, explica Gabriel Hermida, socio de Impuestos de Auren Argentina.

Las operaciones intrafirma pueden consistir en venta de mercadería, servicios al exterior o management fees, por caso, explica Hermida, y lo que deberán hacer las filiales locales es probar que lo que estén pagando a sus vinculadas en el exterior sean transacciones limpias y entre partes independientes, que no haya problemas en pagos y cobros ni sobrefacturación y subfacturación. El interés de la AFIP no es cambiario, sino fiscal: el objetivo es que no se erosione la base del Impuesto a la renta de cada país.

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